La Ley de Seguridad Alimentaria se olvida de los transgénicos

La Ley de Seguridad Alimentaria, el proyecto «estrella» del Gobierno para combatir problemas como la obesidad infantil, y que limitará la venta de refrescos y bollos en los colegios y los regalos que reciben los niños al comprar hamburguesas, presenta numerosos errores. Varios son los fallos jurídicos y de redacción que podrían provocar indefensión en los consumidores.

Otros se refieren a un vacío regulatorio que olvida, por ejemplo, extremar el control sobre los alimentos transgénicos. Así lo apunta, al menos, el Pleno del Consejo Económico y Social (CES) en su dictamen sobre el anteproyecto normativo que se halla en el Congreso de los Diputados, y que aún está pendiente de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros.

En su informe, el CES destripa el texto pergeñado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y pone objeciones a numerosos puntos de su abultado contenido, conformado por 69 artículos, una disposición transitoria, dos adicionales y cinco finales.

Dieta variada y equilibrada
A juicio del órgano consultivo, en la norma se echa «de menos la inclusión de algún aspecto relevante en materia de prevención». Como ejemplo, cita la estrategia NAOS contra la obesidad infantil. Según el CES, el anteproyecto la recoge como política de alcance nacional.

«Sin embargo, no responde exactamente a la integridad de los principios contemplados en aquélla, especialmente en cuanto a la importancia del equilibrio y la variedad de la dieta, la actividad física y los aspectos educacionales como motor de la lucha contra los problemas de salud asociados a los estilos de vida, que no se encuentran suficientemente desarrollados en el anteproyecto».

«Otro aspecto de gran relevancia para la consecución de buenos resultados en la aplicación de medidas preventivas y en el fomento de conductas preventivas es la información, que no se encuentra suficientemente reconocido en el texto sometido a dictamen», asegura el CES, que defiende la disposición «de una información clara y precisa en el etiquetado sobre la composición de los alimentos y de una formación adecuada en los aspectos básicos de la nutrición y los estilos de vida por parte de los ciudadanos».

En su opinión, «el resultado sería un posicionamiento de éstos en el mercado más fuerte, aumentando su capacidad de elección de productos de alimentación más acordes con sus necesidades nutricionales».

En este sentido, el CES defiende la necesidad «de que los poderes públicos se impliquen en facilitar la investigación e información sobre aspectos vinculados a la producción y la composición de los alimentos», especialmente de los «productos derivados de organismos modificados genéticamente».

Además, reclama «extremar las precauciones en relación al cultivo y comercialización de productos transgénicos, así como asegurar las garantías en materia de salud y medio ambiente, regulando en todo caso la coexistencia de normas que incluyan aspectos sobre responsabilidad por daños ocasionados por las contaminaciones de los organismos genéticamente modificados sobre cultivos convencionales y sobre todo los ecológicos».

Seguridad jurídica
El órgano consultivo critica también la redacción de la norma y aprecia en ella notables defectos jurídicos. Así, defiende una nueva redacción «más comprensiva» de la exposición de motivos, «con el fin de aclarar el significado y alcance de conceptos básicos». El Consejo también muestra sus dudas «desde la perspectiva de la necesaria seguridad jurídica» y remarca el abuso de conceptos jurídicos indeterminados, «lo que hace que la efectividad y eficacia del texto normativo sea más reducida a la hora de su posterior aplicación o ejecución y que se coloque en una situación de indefensión a sus destinatarios».

FUENTE: Sergio Alonso para LA Razón.es