Una reciente decisión judicial de la Audiencia Provincial de Granada ha dado la razón a varios veterinarios de Salud Pública de la Junta de Andalucía, tras la querella interpuesta por representantes de una industria cárnica, relacionada con actuaciones de inspección en el ámbito alimentario en dicho establecimiento.
El origen del procedimiento se encuentra en las actuaciones realizadas por estos profesionales en el ejercicio de sus funciones de control sanitario, lo que derivó en acciones legales por parte de una empresa del sector cárnico. La resolución judicial descarta la existencia de irregularidades en la actuación de los veterinarios y respalda su intervención dentro del marco de sus competencias.
El pronunciamiento considera que las actuaciones se llevaron a cabo conforme a la normativa vigente y en el ejercicio de funciones públicas vinculadas a la inspección y control de productos de origen animal destinados al consumo humano.
Este tipo de intervenciones forman parte de los sistemas de control oficial en materia de seguridad alimentaria, en los que los veterinarios desempeñan funciones de supervisión, inspección y verificación del cumplimiento de la normativa alimentaria aplicable.
El caso se produce en un contexto en el que las actuaciones de inspección pueden generar conflictos con los operadores del sector, especialmente cuando derivan en medidas que afectan a la actividad económica, si bien forman parte de los mecanismos establecidos para garantizar la seguridad de los alimentos.
En este contexto, el Colegio Oficial de Veterinarios de Alicante subraya el papel que desempeñan los veterinarios en el ámbito de la seguridad alimentaria, una labor que se desarrolla a lo largo de toda la cadena alimentaria y que resulta clave para garantizar alimentos seguros para la población.
Puede dirigir sus consultas al Colegio de Veterinarios de Alicante enviando un mensaje a la siguiente dirección: secretaria@icoval.org