El Consejo de Estado confirma la exclusividad en sanidad animal del veterinario frente a los ‘fisios’

Como se recordará, el enfrentamiento larvado entre fisioterapeutas y veterinarios estalló antes, en octubre de 2018, cuando la citada federación hípica trasladó sus dudas a este respecto a la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad. Y, para sorpresa de todos, esta oficina emitió una resolución en la que se aclaraba que “ante la ausencia de una legislación específica, la fisioterapia equina podría ser ejercida tanto por veterinarios como por fisioterapeutas”.

Días después de darse el dictamen del Consejo y tras la reacción no exenta de cierta euforia de diversas asociaciones veterinarias amén de la de la propia Organización Colegial Veterinaria (OCV) por cuanto les daba la razón, el propio CGCFE emitía un comunicado criticándolo y relativizando su eficacia.

Dictámen categórico
La literalidad de los dos puntos con los que concluye el dictamen el Consejo es la siguiente:
“1.- En España, en la actualidad, el desempeño de la fisioterapia equina está reservado a quienes se encuentran en posesión del título que habilita para el ejercicio de la profesión de veterinario.
2.- Esta reserva de actividad deriva de la falta de adaptación de la normativa española reguladora del acceso y ejercicio de las profesiones sanitarias a la evolución de la ciencia, la técnica y el mercado y, por ello, resulta necesario acometer una reforma urgente de la misma para adecuarla a la realidad social del mundo globalizado en la que tiene que ser aplicada, con las debidas garantías sanitarias”.

Falta de regulación
A eso, al voto particular de Manzanares se aferra el CGCFE en su comunicado para afirmar “categóricamente que no existe ninguna legislación que establezca una reserva a favor de los veterinarios para el tratamiento de los animales, y por ello, al no existir prohibición legal y expresa, los fisioterapeutas están autorizados a seguir realizando tratamientos propios de su conocimiento y disciplina a los equinos y a los animales en general”.

Ministerio de Economía
La actitud del Gobierno en este conflicto es contradictoria. Como ya se ha dicho, el Ministerio de Agricultura -que es el competente en materia de bienestar animal- ha hecho suyo el dictamen del Consejo.

Por su parte, en un informe previo de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos, del 20 de octubre y realizado a petición del propio Consejo de Estado, se defiende la interpretación podría decirse que más ‘ortodoxa’ que, basándose en los especificado en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003), atribuye una reserva a los veterinarios en todo lo concerniente a la salud animal. En su razonamiento se aluden a los posicionamientos previos de otros departamentos del Gobierno. En concreto, cuestiona de algún modo las afirmaciones de la Subdirección General de Ordenación Profesional del entonces Ministerio de Sanidad que desataron el conflicto y que obligaron al Consejo de Veterinarios a pedir que aclarase la cuestión en una posterior resolución del citado ministerio. Esta resolución, contraria a la interpretación del CGCVE, implicó un estudio de la Abogacía del Estado en el que se censuró lo dicho antes por tal subdirección en tanto “no debería haber fijado una especie de criterio vinculante sobre una actividad que no constituye una profesión sanitaria”.

Y ésta es una de las claves tanto del informe previo del Ministerio de Asuntos Sociales como del propio dictamen del Consejo: la inexistencia de título de especialista en fisioterapia equina o de cualquier otra especialidad a la que pueda acceder un veterinario. Tal carencia es la que ha motivado la irrupción de másteres y diversos cursos de posgrado sobre esta disciplina a los que podían matricularse veterinarios y fisioterapeutas. La propia Secretaría General de Universidades -siguiendo la denuncia del CGCVE- ya actuó contra estos centros forzándoles a rectificar su oferta.

Así pues, salvo Sanitat, respaldan la exclusividad de los veterinarios en este terreno, el Ministerio de Agricultura, el de Economía y el de Educación.

Las facultades
El dictamen del Consejo de Estado pone de manifiesto la necesidad de actualizar los estudios de Veterinaria para adaptarlos a las exigencias europeas, pues explica que lo que se ha hecho hasta el momento es una trasposición formal de la directiva, pero en el fondo, el título no se adecúa a su “espíritu” ni a los contenidos del plan de estudio. A este respecto, la presidenta de la Conferencia de Decanos y Decanas de Facultades de Veterinaria de España (CDVE), Maite Martín, dijo que lo que limita esta adecuación, y que marca lo que pueden o no pueden hacer en el Grado, es la duración de los estudios (5 años, frente a otros con 6).

- Ver dictamen del Consejo de Estado