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La seguridad alimentaria valenciana, a examen a raíz de la crisis por la listeriosis

Aún sin darse por finalizada la alerta andaluza, el Diario Información de Alicante titulaba el pasado 12 de septiembre,. ‘Sanitat multa a 400 empresas de alimentación por fallos en los sistemas de autocontrol’. En el subtitular, además, se podía leer: ‘81 veterinarios vigilan 25.500 establecimientos’. “Los inspectores están ya al cien por ciento y no dan abasto”, declaraba al diario el presidente de Icoval, Gonzalo Moreno del Val, tras reclamar un aumento de plantilla.
  

  El responsable de Icoval, además, aprovechaba para recordar el “hondo malestar” que provocó en este colectivo el borrador de decreto de guardias de Sanitat, que ya se ha retirado.     

      En esta misma línea, Las Provincias en su edición del 25 de septiembre recogía los testimonios de diversos inspectores en los que éstos confesaban “tenemos una capacidad de reacción bastante buena, pero una capacidad de vigilancia limitada”. Acto seguido la cabecera incidía en cómo “la falta de personal, de medios y de vehículos está lastrando la actividad de estos profesionales”.

     El extenso reportaje, además, iba encabezado por unas declaraciones de Ibor valorando la situación en la Comunitat en términos algo más positivos: “El control oficial valenciano es bastante exigente, pero no sería imposible que en la Comunitat sufriéramos un caso como el desatado con la crisis de listeria por la carne elaborada en Magrudis”.

  Las Provincias, citando fuentes oficiales de la conselleria, aportaba más datos a nivel autonómico. En la actualidad, 382 inspectores de Salud Pública (entre veterinarios y farmacéuticos) llevan a cabo más de 30.000 inspecciones y unas 100.000 visitas a establecimientos relacionados con la industria alimentaria, “una ingente tarea” -describía el diario- que se traduce en unas 1.300 sanciones y la clausura de medio centenar de negocios por deficiencias higiénico-sanitarias anualmente.

Una agencia, un cuerpo...
En tercera instancia, el Levante-EMV en su edición del 25 de septiembre publicó un editorial a cargo de la presidenta del CVCV titulado ‘Una agencia, un cuerpo, una salud’, que reproduce en su literalidad el ya publicado en la pasada edición de este boletín. En dicho artículo, Ibor aduce que “no tiene sentido” fraccionar” la acción supervisora del veterinario y que la creación de una Agencia de Seguridad Alimentaria, donde estén representados todos los agentes implicados “ayudará a mejorar la coordinación y distribuir los efectivos personales en las áreas donde sea necesario”.


.- Ver informacion.es /12-9-2019
- Ver lasprovincias.es / 25-9-2019
- Ver levante-emv.es / 25-9-2019

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