Los veterinarios de Salud Pública, claves en la caída de la trama del jamón caducado

“El número de empresas sobre las que se ha actuado, la complejidad de las conexiones y la magnitud de lo inmovilizado han exigido lo mejor de los empleados dedicados a las actividades de control, en este caso mayoritariamente veterinarios oficiales”. Así describía el subdirector general de Seguridad Alimentaria de la Consellería de Sanitat, Vicent Yusà, la acción desatada con la alerta notificada el 18 de junio a la AECOSAN. Fue ésta una de las patas de un conjunto de operaciones en varias autonomías que han sacudido en las últimas semanas a la industria cárnica.

Efectivamente, en tal fecha la conselleria y la Guardia Civil decretaron el cierre de una empresa ilegal de jamones en Alzira tras comprobar el deficiente estado en el que se encontraba la mercancía y el riesgo sanitario que suponía su comercialización, inmovilizando más de 100 toneladas de productos cárnicos. La firma no contaba con autorización sanitaria ni estaba inscrita en el Registro de industrias alimentarias ni cumplía “ningún requisito sanitario”.

La operación continuó en una segunda nave en Bocairent, donde se inmovilizaron otros 15.000 jamones y 120 boxes de cartón con piezas de jamones y paletas. La firma tenía vinculación con otros almacenes que también fueron después intervenidos (en Cheste y Real de Montroi) y en otras regiones (Castilla y León, Cataluña, Madrid y Andalucía).

Jamón reintroducido y barato

Según dejaron constancia los inspectores, en sendas naves se almacenaba producto caducado, algunos sin envoltorio y en un entorno lleno de suciedad, grasa, moscas e incluso heces de roedores.

El negocio estaba en reintroducir en el mercado, presuntamente, jamones y productos que ya habían sido retirados tras superarse la fecha de caducidad: eliminaban las partes enmohecidas, reenvasaban al vacío y volvían a etiquetar: ni rastro del origen ni de la primera fecha de caducidad. La oferta era irresistible: un kilo de jamón loncheado a 4,99 euros cuando lo habitual es encontrar por ese precio solo 250 gramos.

Retirada

Ya el día 22, Sanitat identificaba los lotes y los supermercados -Kuups y Family Cash-, ordenaba su retirada e informaba de las marcas afectadas (Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón Bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita).
Extremadura y Granada

De forma paralela, una investigación de la fiscalía de Badajoz iniciada en 2017 llevó al decomiso y destrucción días después de sendas partidas de 49.471 kilogramos y de 48.519 kg de productos cárnicos al presentar “putrefacción” y pérdida de las características organolépticas exigidas. Acciones que podrían estar conectadas y apuntar a alguna gran trama nacional.
A finales del mes de junio, por otra parte, se produjo una tercera incautación después de que unos agentes dieran el alto a un camión frigorífico en un control rutinario. Al inspeccionar la carga, detectaron los productos cárnicos y acompañaron al conductor a su destino, una nave en Fuente Vaqueros (Granada) donde se almacenaba un lote de 10.700 jamones y embutidos ibéricos caducados y en mal estado que sus propietarios estaban moviendo de sitio.

Unificación
Tras desecadenarse todo lo antedicho, el citado subdirector de Sanitat, suscribió el 9 de julio un artículo en Levante-EMV en el que considera que “es el momento de dar un salto cualitativo en la protección de la salud” por lo que reclama “la unificación de todos los sercivios de control alimentario, integrando la seguridad alimentaria y el control del fraude con la incorporación de las competencias de la nutrición saludable y los resursos analíticos”.

- Ver alerta de AECOSAN

- Ver levante-emv.es/ 22-6-2018

- Ver levante-emv.es / 9-7-2018

- Ver el pais.com / 10-7-2010