La DG de Salud Pública reabre el conflicto y el CVCV eleva protesta a la consellera
Las relaciones entre el Consell Valencià del Col.legis Veterinaris (CVCV) y la Dirección General de Salud Pública vuelven a pasar por momentos complicados. Tras la movilización en noviembre de los veterinarios de salud pública de este departamento -quienes firmaron un manifiesto en contra de la pretendida reforma del decreto 30/1988 que los regula-, las cosas parecíeron reconducirse. Efectivamente, tras ser recibidos en febrero por la directora general, Ana María García, ésta prometió consensuar con los colegios los términos de tales modificaciones y se logró rebajar la tensión. Sin embargo, durante los últimos meses se han reabierto muchos de los conflictos larvados de antaño e incluso han surgido nuevos y graves frentes. Por este motivo y ante el “profundo malestar”, la “crispación” y el “clima laboral irrespirable” entre estos trabajadores, el CVCV ha elevado una protesta en ésos exactos términos que esta vez está ya dirigida a la propia consellera de Sanitat, Carmen Montón (en la foto, a la dcha), para emplazarla a “reconducir la situación” por los cauces “del diálogo y la negociación”.
De un lado, en las últimas semanas el colectivo ha sufrido nuevos cambios que han agravado la precariedad laboral y salarial que ya venían denunciando.
Sin complemento de transporte
En concreto, la citada dirección general ha eliminado -a instancias de Intervención de la Generalitat- directamente y con efecto retroactivo, el complemento que los trabajadores de los departamentos de Salud Pública recibían por utilizar sus vehículos para los desplazamientos en su labor inspectora. Esta decisión, ya con la campaña turística casi en su apogeo, ha provocado que los trabajadores de los departamentos de salud “hayan decidido en bloque” aparcar sus vehículos y trabajar sólo con los medios que la Administración autonómica pone a su disposición, señaló CCOO en un comunicado a principios de este mes de junio.
De poco ha servido, por otra parte, que desde la Dirección General se tratase de aplacar a sus trabajadores poniendo a su disposición bonos con viajes de autobús o que se prometiese ampliar en un futuro la flota de vehículos de las áreas afectadas porque tales remedios difícilmente se compadecen con la necesidad de un transporte rápido y flexible que permita atender la carga de trabajo hoy existente en la fiscalización de establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, bares, ganaderías e industrias alimentarias.
Ante la frustración y la indefensión generada por tal motivo, la Junta Ejecutiva del CVCV celebrada el pasado 6 de junio decidió encargar un informe jurídico sobre cuáles son las “obligaciones, derechos y límites de los funcionarios en relación con el empleo de vehículos” para así trasladarlo en breve a los colegiados y en su caso, exhibirlo ante la Administración.
Movilidad y recurso contencioso
De igual manera, ha generado enorme malestar entre el colectivo la resolución del citado departamento del pasado 27 de marzo, de modificación de plantillas, en la que se consuma el traslado forzoso de varios veterinarios de salud pública. Tras solicitar un informe jurídico previo, el CVCV también ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo contra esta medida por considerarla contraria a derecho.
En este sentido, el órgano colegial ha aconsejado a los afectados que, en caso de recibir instrucciones que perciban que son cuestionables, reclamen que éstas sean transmitidas por escrito y que las trasladen por e mail al CVCV para, en su caso, poder prestar la pertinente orientación jurídica.
Decreto
En parecidos términos se podría hablar de los trabajos que el órgano colegial sabe que desde Salud Pública se están volviendo a promover sobre la polémica reforma del decreto que regula a los veterinarios de salud pública. En la misiva -ahora directamente remitida a la consellera de Sanitat- el CVCV recuerda que ya en noviembre la filtración de varios borradores provocó “una amplia respuesta de repulsa por parte del colectivo” y que en febrero, tras forzar un encuentro con García, ésta se comprometió a retrasar su tramitación a la remisión por parte de los colegios de una propuesta de consenso, en la que ya se viene trabajando pero que aún no ha sido concluida. Una promesa que, como se recuerda a la consellera Montón en la misiva, la directora general parece haber “incumplido”.
Respeto ‘institucional’
Ante todo lo dicho, el CVCV insiste en su carta que, en breve, presentará una propuesta “integral y seria que ayude a establecer un adecuado marco regulador sobre los servicios veterinarios”. Y, junto a ello se exige que “se dejen sin efecto las instrucciones emitidas por Salud Pública que afecten a las condiciones laborales” y se retome un diálogo “basado en el respeto de las vías de representación, negociación colectiva y participación institucional”.