La directora de Salud Pública se limita a comprometerse

Era la primera toma de contacto con los nuevos responsables de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y ciertamente no se aspiraba a demasiado. El encuentro con la directora general de Salud Pública, Ana María García, era, con todo, algo especialmente deseado dadas las fuertes desavenencias acumuladas en el último año por los responsables del Conselll Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) con sus predecesores en este departamento. Sobre la mesa se situaron tres grandes cuestiones sobre las que García se limitó a escuchar y se comprometió a “estudiar”, pero la ”más imperiosa” -en palabras del presidente de este órgano autonómico. Francisco Beltrán Andreu- de todas ellas era la vinculada a mejorar la situación y el trato laboral de los veterinarios de los mataderos.

La reunión celebrada en las dependencias de Sanitat el pasado 4 de noviembre -a la que también acudieron los presidentes de Icoval (Alicante), Luis Eduardo Montes y de Covetcas (Castellón), Luis Miguel Gargallo- sirvió también para ‘elevar el tiro’ de las reivindicaciones, ampliarlas más al detalle y tratar de vincular en ello a la propia titular de la conselleria, Carmen Montón, a la que se pidió formalmente una entrevista.

Función pública
En primera instancia, los responsables del CVCV insistieron a García (en la foto, junto a la conserrera Carmen Montón, a la derecha de la imagen)en una cuestión aparentemente menor pero ‘enquistada’ desde hace demasiado tiempo: la necesaria reforma de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública. En concreto, se insiste en reelaborar el articulado referido al Grupo/Subgrupo Profesional A1.Escala A1-S03-07 -el aplicado a los veterinarios de Salud Pública- para que éstos puedan optar a las funciones de sanidad ambiental, salud laboral, promoción de la salud y prevención de la enfermedad en igualdad de condiciones que otros profesionales con idéntico nivel de cualificación.

Actividades cinegéticas
En segundo término y con la temporada de caza ya bien avanzada, el CVCV sacó a colación el vacío legal existente en el control sanitario de actividades cinegéticas. Con una media de 20.000 jabalíes cobrados en la Comunitat al año, se impone por ejemplo -y así se trasladó- regular la toma de muestras para los preceptivos análisis de triquinosis y en general determinar que la inspección de las canales de los animales y sus vísceras pueda ser realizada in situ por un veterinario, como ya sucede en otras autonomías.

En cuanto a los veterinarios de salud pública se planteó de forma genérica la necesidad de una “urgente” ordenación de su actividad y revisión de sus condiciones laborales. El CVCV quiso trasladar, en este sentido, que hacía suyo el documento elaborado al detalle por el Cuerpo de Veterinarios Salud Pública que ya había sido presentado previamente a esa misma dirección general.

Entrevista con la consellera
La petición formal para mantener una entrevista con la consellera de Sanitat, Carmen Montón, cuenta con cinco puntos a debatir y tres de ellos se refieren a los veterinarios de salud pública. Se pretende trasladar la insuficiencia de la última convocatoria de oposiciones a este cuerpo -con 26 plazas- pues con ello se está muy lejos de cubrir la cantidad de plazas vacantes, ni siquiera se alivian los necesarios procesos de sustitución por baja o festivos, ni tampoco se facilitan los concursos de traslado. En esta línea, también se insistirá en la necesidad de concretar los itinerarios formativos para los concursos de traslado entre la Función Pública y el propio cuerpo de Veterinarios de Salud Pública.

Más allá de respaldar el documento elaborado por este último colectivo -que exige medidas mínimas de “prioridad inmediata”, “a corto plazo” y a “medio plazo”- el CVCV quiere reincidir en la necesidad de acordar la revisión de los complementos de los inspectores de mataderos por festividad, nocturnidad, penosidad...

En otro orden de cosas, se trasladará a la titular del departamento la conveniencia de desarrollar la Ley de Sanidad con una orden de Estabñecimientos Veterinarios que establezca las características y requisitos de lo que se merezca la consideración de clínica, consultorio veterinario u hospital veterinario.