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Más de 200 granjas porcinas esperan vacunas desde hace dos meses

La falta de financiación para los controles sanitarios de los veterinarios de campo está ocasionando importantes desajustes en las explotaciones ganaderas de las Islas. Más de 200 explotaciones porcinas baleares están todavía a la espera de las vacunas cuatrimestrales contra la enfermedad de Aujeszky que deberían haberse aplicado hace ya dos meses. Se trata de una consecuencia directa de la crisis abierta debido a la carestía de recursos materiales y económicos del sector, cuyos profesionales llevan costeando los controles sanitarios de su propio bolsillo desde el pasado mes de junio.

Según el censo del Instituto Balear Estadística (IBESTAT) –el cual se basa en datos de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio– actualmente existen cerca de 1.700 explotaciones de porcino en el archipiélago, las cuales cuentan a su vez con 65.000 cabezas de ganado. Si según las estimaciones de la Asociación de Veterinarios de Campo el número de granjas que no se han sometido a los controles sanitarios reglamentarios supera los dos centenares, la cifra de ejemplares sin vacunar rondaría los 10.000.

La enfermedad de Aujeszky afecta al aparato respiratorio de los animales y aunque puede afectar a otras especies de ganado no es transmitible al ser humano, por lo que en principio no hay que temer por un problema sanitario. Sin embargo, los daños económicos que puede causar el virus si no se trata a tiempo sí son importantes, ya que imposibilita el movimiento comercial de los animales infectados, los cuales a su vez amenazan con contagiar al resto de individuos con los que mantienen contacto.

En una asamblea celebrada la semana pasada, el colectivo de los veterinarios de campo decidió no seguir adelante con los controles sanitarios en las explotaciones ganaderas de las Islas si el Instituto de Biología Animal de Baleares (Ibabsa) –dependiente de la Conselleria de Agricultura– no se hace cargo de los gastos. Según denuncia la Asociación de Veterinarios de Campo, el ente público debe cerca de 250.000 euros a los profesionales por los gastos que éstos han estado asumiendo desde el pasado mes de junio.

Por otra parte, la asociación tiene previsto reunirse con las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera en los próximos días, ya que presumiblemente será a estas organizaciones a las que se dirija Ibabsa para que realicen los controles en caso de persistir la negativa de los veterinarios. Ambas partes deben sentarse para analizar las implicaciones legales de esta decisión.

En todo caso, de acceder las agrupaciones sanitarias a hacerse cargo de los controles, quienes acabarían llevándolos a cabo serían los propios veterinarios, por lo que el problema regresaría a su punto de partida. Asimismo, a la cuestión de los pagos atrasados hay que sumar los recortes en las tarifas por las visitas a las granjas que Ibabsa ha planteado, lo que ha caldeado aún más los ánimos de los profesionales.

Además de las vacunas contra la enfermedad de Aujeszky, los controles que realizan los veterinarios en explotaciones ganaderas incluyen programas de erradicación de brucelosis, tuberculosis, lengua azul y encefalopatía espongiforme bovina (el mal de las vacas locas). Por otro lado, también se encargan de colocar los chips de identificación a los animales.

Por otro lado, el PSIB-PSOE alertó el viernes del «peligro» que puede ocasionar la carencia de veterinarios para el control y la seguridad de enfermedades en las explotaciones ganaderas. El diputado socialista, Cosme Bonet, señaló que los recortes promovidos por la Conselleria pueden ocasionar un grave problema de salud animal.

Debido a ello, el grupo presentará una proposición no e ley en el Parlament para instar al Govern a recuperar las contrataciones de veterinarios y garantizar los controles sanitarios y la seguridad alimentaria. También se solicitará a la Conselleria un plan de vigilancia del virus Schmallenberg –el cual ha sido detectado en ganado ovino, bovino y caprino en varios países de la Unión Europea– dotado con medios humanos y económicos.

Fuente: Enrique Fueris para elmundo.es
 

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