La OCV elabora un argumentario para las administraciones ante la crisis de peste porcina africana en España
05-12-2025
La Organización Colegial Veterinaria (OCV) reclama un plan urgente de apoyo a la veterinaria rural y la reorientación de la figura del veterinario de explotación para contener la peste porcina africana (PPA) y otras enfermedades animales que amenazan a la cabaña ganadera española.
La crisis desencadenada por la peste porcina africana (PPA) en España ha llevado a la Organización Colegial Veterinaria (OCV) a poner el foco en dos piezas que considera “clave” para la sanidad ganadera: la veterinaria rural y el veterinario de explotación. En un documento de posición hecho público el día de ayer, la corporación alerta de que la despoblación, la pérdida de ganadería extensiva y la falta de incentivos están dejando amplias zonas del país sin la cobertura sanitaria necesaria para afrontar emergencias como la PPA, la lengua azul o la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).
La veterinaria rural, en el centro del riesgo sanitario
Según la OCV, el veterinario rural es la “primera línea” frente a las enfermedades animales: garantiza la sanidad del ganado, la vigilancia epidemiológica y la seguridad alimentaria, además de contribuir a fijar población en territorios cada vez más despoblados. Sin embargo, las condiciones laborales, la falta de relevo generacional y la ausencia de incentivos están dificultando que estas plazas se cubran de forma estable.
Reforzar la figura del veterinario de explotación
El segundo eje del documento es el veterinario de explotación, una figura introducida en 2020 para profesionalizar la supervisión sanitaria de las explotaciones ganaderas y avanzar hacia un modelo preventivo basado en la bioseguridad y la trazabilidad.
La OCV considera, sin embargo, que su desarrollo no ha cumplido las expectativas: la normativa se ha centrado “en exceso” en aspectos administrativos y productivos, generando burocracia y dificultando la coordinación con otros actores del sistema. Además, la modificación regulatoria que convirtió esta figura en voluntaria, frente a su carácter inicialmente preceptivo, habría frenado su implantación real en el terreno.
En el contexto de la PPA, la organización subraya que este profesional es “crucial”: conoce el funcionamiento de cada explotación, sus flujos, puntos débiles y nivel de cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Por ello, propone reorientar y reforzar esta figura como función sanitaria esencial, con un papel claramente asesor —y no fiscalizador—, y acompañada de incentivos económicos que permitan a ganaderos y veterinarios asumirla sin sobrecargar aún más los costes de producción.
Según el argumentario enviado a las administraciones, la OCV propone consolidar el veterinario de explotación, lo que permitiría mejorar la detección temprana, evitar la entrada y difusión de enfermedades en las cabañas ganaderas y aportar un “aval sanitario” que facilitaría los acuerdos comerciales de regionalización con países terceros, clave para mantener abiertos los mercados ante crisis sanitarias.
Con estas líneas de actuación, la OCV sostiene que España podría afrontar con mayores garantías la PPA y otras amenazas emergentes, protegiendo a la vez la salud pública, la seguridad alimentaria y el tejido económico del medio rural.