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Un informe comparativo de la OCV confirma que la legislación española del medicamento se sitúa entre las más restrictivas de la UE

10-04-2025

El estudio, solicitado por el Ministerio de Sanidad y representantes de Sumar, concluye que la normativa española limita significativamente la autonomía clínica de los veterinarios.

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha remitido al Ministerio de Sanidad un informe comparativo preliminar sobre la legislación europea en medicamentos veterinarios, en el que se confirma que España se sitúa entre los países con una regulación más restrictiva en este ámbito. El documento, elaborado a petición del propio Ministerio y de representantes de Sumar tras una reunión de trabajo celebrada en marzo, valida una queja sostenida desde hace tiempo por el sector veterinario: el marco normativo español obstaculiza el ejercicio clínico y merma la autonomía profesional del veterinario.

El informe analiza la legislación de 14 países de la Unión Europea a partir de cuatro ejes clave: uso de medicamentos fuera de ficha técnica, categorización de antibióticos, capacidad de prescripción y dispensación, y sistemas de recogida de datos sobre antimicrobianos.


Autonomía limitada frente a Europa

Según el informe, en España los veterinarios están sujetos a mayores restricciones que sus homólogos europeos. A diferencia de otros países que permiten cierta flexibilidad basada en el criterio profesional, en España el uso de medicamentos fuera de la autorización de comercialización está prácticamente vetado. Solo se permite en situaciones de vacío terapéutico, cuando no existe ningún medicamento autorizado para una determinada especie o patología.

Además, la prescripción de antibióticos está fuertemente condicionada por el Real Decreto 666/2023, que impone una categorización estricta según el nivel de prioridad (A, B, C y D), exigiendo justificaciones y pruebas diagnósticas para poder escalar de categoría. Mientras que en la mayoría de los países europeos este sistema es solo una recomendación, en España su cumplimiento es obligatorio, lo que ralentiza los tratamientos y añade burocracia al proceso clínico.


Venta y dispensación: una limitación singular

Otro de los puntos conflictivos es la imposibilidad legal de que los veterinarios vendan o suministren directamente medicamentos a sus pacientes, salvo en casos muy excepcionales. Esta limitación, que no es habitual en otros países europeos, impide a los profesionales completar todo el proceso terapéutico, dificultando el acceso inmediato a tratamientos y provocando, en ocasiones, un uso inadecuado de los fármacos por parte de los propietarios.

En contraste, en la mayoría de países analizados, el modelo predominante permite a los veterinarios prescribir y dispensar los medicamentos necesarios, lo que garantiza una atención más ágil y segura.


Doble sistema de recogida de datos, alta carga administrativa

En cuanto al uso de antibióticos, España cuenta con dos sistemas de recogida de datos: el oficial ESUAVET, que sigue los estándares de la UE, y PRESVET, una herramienta adicional impulsada por el Ministerio de Agricultura que no está reconocida por la legislación comunitaria. Este sistema exige a los veterinarios registrar todas las prescripciones de antimicrobianos —también en animales de compañía— y supone una carga burocrática considerable, al requerir un nivel de detalle elevado en cada receta.

Lo más llamativo es que PRESVET exige datos que no serán obligatorios en la UE hasta 2030, adelantándose cinco años a los plazos europeos. Solo dos países, Italia y Alemania, han comenzado a recopilar información similar, aunque Italia lo hace mediante un sistema completamente digitalizado, lo que facilita la labor a los profesionales.


Una llamada de atención al legislador

El informe de la OCV no solo diagnostica una situación de desventaja para el veterinario español, sino que también lanza un mensaje claro al legislador: la normativa actual no solo es más exigente que la media europea, sino que afecta directamente a la calidad del ejercicio clínico y al bienestar animal. El estudio, aún preliminar, podría servir como base para revisar ciertos aspectos de la legislación vigente y armonizarla con los marcos regulatorios más equilibrados que existen en Europa.

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