La propuesta para crear un Cuerpo de Peritos Veterinarios gana apoyos

La propuesta lanzada por la presidenta del Colegio de Valencia (ICOVV), Inmaculada Ibor, para crear un Cuerpo de Peritos Veterinarios capaz de intervenir con sus informes en juicios por casos de maltrato animal empieza a obtener un respaldo más que significativo. La idea -transmitida el mes pasado en una carta dirigida al director general de Derechos de los Animales, Sergio García- contaba ya con el apoyo de partida del Colegio de Veterinarios de Tenerife, pero a él se ha sumado en las últimas semanas el del Colegio de Málaga, el de Murcia así como el de las otras dos corporaciones de la Comunitat -Icoval (Alicante) y COVCS (Castellón)-. Es más, preguntada a este respecto en una entrevista en Ser Valencia la propia consellera de Agricultura, Mireia Moià, reconoció que hay una “carencia” en la elaboración de este tipo de informes periciales y por ello se mostró favorable a “profesionalizar” esta labor.   

La  responsable autonómica quiso ahondar en esta problemática y mientras detallaba alguno de los puntos claves del proyecto de Ley de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de Animales de Compañía aprobado recientemente por el pleno del Consell (ver pag 5), aportó un dato esclarecedor: cada año se presentan en la Comunitat alrededor de 110 denuncias por maltrato animal pero de ellas sólo 30 acaban en un procedimiento judicial.  “Está claro que lo que falla es la carga de la prueba, tanto a nivel de Justicia como en los procesos administrativos cuando se trata de sancionar“ este tipo de acciones, dijo la consellera en la citada entrevista. Moià, además, dejó entrever que el proceso de “profesionalización” para la persecución de este y otros delitos también vinculados con la tenencia responsable de animales domésticos “es un problema que vamos a abordar y que a nivel nacional también se nos ha anunciado que se tratará”.

Cambios legislativos
Días después de informar de la propuesta del ICOVV, la presidenta del Colegio de Veterinarios de Murcia, Teresa López, reconocía que desde esta entidad se respaldaba la iniciativa del ICOVV y señalaba que  “aunque hemos realizado ya cursos de peritaje (para casos de maltrato) sería importante la creación de una figura dependiente de los juzgados”. 

 
    De igual manera, los presidentes de Icoval, Gonzalo Moreno del Val y de COVCS, Luis Miguel Gargallo, aclararon a este boletín su pleno respaldo a los términos de la carta remitida al representante gubernamental, Sergio García. En el primer caso, además, recordaba que ya en 2019, Icoval planteó a la Diputación de Alicante habilitar una partida especial para que los ayuntamientos pudieran financiar peritajes veterinarios para, entre otros asuntos, poder reforzar los expedientes que estas administraciones pudieran abrir por casos de maltrato animal. 

    En esta misma línea, el Colegio de Málaga organizó a mediados del mes de julio un curso ilustrativamente titulado ‘Policía veterinaria frente al maltrato animal’ destinado a formar a profesionales interesados en integrarse en una bolsa de nuevo cuño de peritos especializados en este tipo de casos. Desde el Consejo General de Colegios Veterinarios (CGCVE) su vocal responsable de Formación y también presidente de Icoval, preparan para el mes de noviembre nuevos cursos formativos en esta misma materia.

    El ICOVV ya posee esta bolsa -ahora hay apuntados 39 voluntarios- y prepara para antes de finalizar el año otro curso específico a este respecto.

Unidad de Intervención Veterinaria

Por otra parte, el pasado 13 de agosto, la Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, anunció la puesta en marcha de la Unidad de Intervención Veterinaria, para realizar peritajes veterinarios en inspecciones y garantizar el bienestar de los animales. No se trata de un Cuerpo Nacional de Peritos Veterinarios, de profesionales especializados cuya intervención en procesos judiciales de casos por maltrato animal fuera financiado con cargo al erario público, pero la iniciativa parece estar impregnada del mismo espíritu.

Esta unidad -integrada hoy por 3 veterinarios, 2 auxiliares de veterinaria y personal técnico de medioambiente, pero que se quiere ampliar en un futuro- tiene como objetivo dar soporte técnico en inspecciones de administraciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e intervenciones judiciales. Según aclaró el propio director general de Derechos de los Animales. Sergio García, esta iniciativa responde a la “necesidad” de las Fuerzas y Cuerpos del Estado de disponer de informes veterinarios en casos de maltrato. “Estamos cerrando un convenio con el Seprona y con la Guardia Civil en general para poder darles cobertura en el caso de que la necesiten”, aclara el director general.

- Ver entrevista Mireia Moià / min 4

- Ver animalshealth.com / 13-8-2021