Las conversaciones del CVCV con Sanitat siguen estancadas o avanzan con

El listado de asuntos pendientes de resolución con la Conselleria de Sanitat es largo. Y tras la reunión del pasado 26 de noviembre entre la cúpula de este departamento y los dirigentes del Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) parece claro que continuará siéndolo. Como en los anteriores encuentros, los representantes colegiales -Luis Eduardo Montes, presidente de Icoval y secretario del CVCV y Francisco Beltrán, presidente del ICOVV y del CVCV- contrastaron en la cita “falta de voluntad política, lentitud e inoperancia” y sólo se produjeron “leves avances” en asuntos que, como la bolsa de trabajo temporal de esta consellería llevaban ya retrasos acumulados extraordinarios.

En cuanto esto último, la delegación encabezada por el secretario autonómico de Sanitat, Luis Ibáñez asistido por buena parte de los directores generales de este departamento, se comprometió a resolver las alegaciones presentadas por algunos de los 300 candidatos que optaron a la bolsa antes de enero para, a partir de entonces, dar a conocer las plazas definitivas.

Por su parte, la identificación de los inspectores sanitarios en las actas de control sólo con su número de funcionario, reclamada por el CVCV, tendrá que esperar. Los responsables de la Administración autonómica se limitaron a matizar que el cambio pedido para evitar algunos desagradables incidentes con los inspeccionados se “estudiaría” sin adquirir mayor compromiso en ello.

Ley 10/2010

Más complicado, casi imposible más bien, se antoja que el actual Consell se decida a modificar la Ley 10/2010 de Ordenación de la de Función Pública para que se incluya en la escala A1-S03-07 de los veterinarios de Salud Pública las funciones de sanidad ambiental, salud laboral, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. El CVCV pidió que se aprovechara la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos para introducir tal cambio pero la referida Ley ya ha sido aprobada y las ansiadas modificaciones no se han incluido. “Las elecciones autonómicas están ahí y pese a asentir y darnos la razón, la cuestión tendrá que ser otra vez planteada al que vaya a ser el próximo gobierno autonómico”, se lamentó a Betrán.

En idéntico sentido se podría hablar de la orientación que el CVCV reclama desde hace años que debiera tener la nueva orden que regulará el control sanitario de las actividades cinegéticas. Frente a las pretenciones colegiales, la directora general de Salud Pública, Lourdes Monge, insistió en defender la figura del ‘cazador formado’ (a la que ya se han acogido autonomías como Cataluña o Asturias pero que no contemplan otras con más tradición de caza como Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura) que excluye al veterinario de tales labores de inspección de la carne de caza. Tampoco se comprometieron a abordar, sólo a ‘estudiar’ nuevamente, las exigencias en cuanto a la vigilancia de la triquina en piezas de jabalíes o, en general, a los mayores controles reclamados para la caza de consumo más familiar y restringido.

Los responsables de Sanitat se mostraron reticentes primero y comprensivos más tarde a la hora de abordar la ansiada revisión de las condiciones laborales, salariales y los complementos de los veterinarios de Salud Pública. Tampoco hubo garantía de revisión en este sentido.