El Observatorio Defensa Animal denuncia que la subida del IVA puede acarrear graves consecuencias para la salud pública

Así, con esta notificación al máximo organismo internacional en salud animal y del que España es miembro, los responsables de esta organización han subrayado que "se condena a las familias con animales domésticos y a las protectoras a costearse el veterinario con un precio inasumible. Es simplemente irresponsable", apostillan.

Debido a este incremento en el IVA fijado para el uno de septiembre, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios se ha unido a la protesta y ha alertado de que "se pueden incumplir los programas de vacunaciones obligatorios". En opinión de este organismo, esta coyuntura puede provocar "la aparición y proliferación de enfermedades con el consiguiente riesgo para la salud animal y humana".

Algunas de estas patologías que pueden empezar a originarse son "la leishmania, la hidatidosis, la fiebre exantemática, la rickettsiosis, la psitacosis y la rabia"; con el peligro añadido de que " son transmisibles al ser humano". Además, manifiestan que se van a producir dificultades en el diagnóstico, "lo que favorece su propagación e intensidad entre la población".

CREEN QUE SE VAN A PROPAGAR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Por otro lado, los expertos significan que se va a producir un incremento de los parásitos en convivencia con humanos como "las hidatidosis, las larvas migrans o los parásitos externos", lo que unido al aumento de abandono de animales "provoca una expansión incontrolada de sus afecciones sanitarias", sostienen.

Todo ello, ha llevado al Observatorio Justicia y Defensa Animal a hacer una llamada de atención, ya que "cerca del 25 por ciento de los hogares cuenta con un perro entre sus miembros". Además, uno de cada cuatro ciudadanos puede verse afectado si a la muestra se añaden otros animales de compañía como gatos, hámsters, conejos o hurones.

Sin embargo, esta no es la única medida tomada por este organismo, que ha iniciado una campaña de información y de recogida de firmas ’on line’ para pedir al Gobierno que reconsidere una decisión que consideran "injusta y abusiva".