Importante batería de alegaciones del CVCV a la Ley (nacional) de protección

El Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) ha presentado una importante batería de alegaciones al anteproyecto de Ley de protección de derechos y bienestar de los animales aprobado el pasado 18 de febrero. Como ya se realizó para la norma valenciana en esta misma materia -más avanzada pero aún en Les Corts-, el CVCV insiste en legislar en favor de la obligatoriedad de identificación de gatos, perros y hurones. A este respecto y en relación al Registro Nacional de Identificación de Animales de Compañía -anunciado por el ministerio pero aún no desarrollado- las alegaciones ponen en valor “el buen funcionamiento” de la actual Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) por lo que se reclama que se “tenga en cuenta” en esta norma. Junto a ello, se reconoce la importancia de la esterilización en las políticas de lucha contra el abandono pero considera que la “castración sistemática es una medida extrema”. Otro importante paquete de aportaciones tratan de poner en valor el necesario trabajo del veterinario y de delimitar mejor sus responsabilidades así como defender una línea de financiación para cubrir los servicios de los peritos veterinarios en procesos judiciales (acorde con los solicitado antes para la creación de un cuerpo específico). 

     Las últimas reformas de las legislaciones autonómicas en esta materia ya regularon como obligatoria la identificación de los tres animales domésticos más habituales -perros gatos y hurones- pero existen otras tantas en las que tal cosa no es así. De ahí, que el CVCV apele a la voluntad de “armonizar” tales normativas que viene recogida en el preámbulo de este anteproyecto para seguir  así los pasos de Madrid, Cataluña, Murcia, Rioja, Navarra , Castilla La Mancha...
 
Participación en campañas
La lucha contra el abandono, la identificación obligatoria, el sacrificio cero de estos animales, la tenencia responsable o la sanidad y el bienestar animal son principios rectores de esta Ley. Los colegios de veterinarios provinciales, el Consejo General y los autonómicos, tienen amplia experiencia en el desarrollo de las mismas campañas de concienciación, formación y divulgación que el texto dice querer impulsar. 

    De ahí, que el CVCV reivindique el reconocimiento de estas entidades en la Ley así como su participación en los comités, consejos y organismos que la norma promoverá. 

   El órgano autonómico comparte la importancia concedida en el texto a la esterilización como método de control poblacional clave en la lucha contra el abandono. Coincide también en que “cuando no se pueda ejercer control reproductivo de perros, gatos y hurones por parte de su titular, sobre todo cuando se mantengan en polígonos industriales, obras... y de aquellos que tengan acceso al exterior de las viviendas y puedan tener contacto no controlado con otros animales, sea obligatoria su esterilización”.

    Sin embargo, advierte que la “castración sistemática” que parece pretender el texto “puede ser una medida extrema que, en ocasiones, podría repercutir en la salud del animal”. Es más, el CVCV insiste en que es “más efectiva” la identificación obligatoria -de gatos, perros y hurones- “dado que actúa como método preeventivo y se podrá identificar a quienes los abandonen”.

Indefinición de infracciones
En el terreno de las infracciones, tampoco parece verse reflejada esa voluntad de unificar las regulaciones de las autonomías. El CVCV considera que su tipificación es, en general, “escasa, poco desarrollada y confusa, pudiendo dar lugar a interpretaciones subjetivas e injustas” por parte de las autonomías.

    La persecución del maltrato animal -que es otra meta prioritaria de la norma- tampoco parece contar con otro instrumento fundamental. Efectivamente, como argumenta el CVCV, este anteproyecto así como las reformas legales que declararon a los animales como ‘seres sintientes’, aumentará la litigiosidad en estas materias, lo que debería conducir a más periciales veterinarias. El CVCV hace suya la reivindicación del ICOVV -que, a su vez, ahora también reclama la OCV-  de que esta norma contemple esta figura y la dote de recursos económicos. 

Duplicidad y el veterinario
Las alegaciones alertan de las duplicidades administrativas que se generan al crear tres registros: el de núcleos zoológicos, el de protectoras y el de criadores, por lo que se pide que los dos últimos sean subregistros del primero.         
 

 Además, entre otras aclaraciones sobre el papel y la responsabilidad del veterinario y sobre la necesaria inspección veterinaria (de protectoras, por ejemplo), reclama que el texto diferencia efectivamente entre la figura del etólogo -que es veterinario- y la de los adiestradores caninos -que puede o no serlo-. Y que, en función de tal diferencia se cree una sección, dentro del registro de profesionales del comportamiento animal, dedicada sólo a los primeros.

Críticas de la interterritorial

La junta interterritorial de la Organización Colegial Veterinaria (OCV) considera necesario que el anteproyecto de la Ley de Protección y Derechos de los Animales sirva para mejorar los niveles de la identificación como vía más efectiva para luchar contra el abandono, en vez de recurrir a la esterilización generalizada; precise con mayor concreción términos como maltrato, eutanasia y sacrificio, y aclare cómo y quiénes van a impartir la formación en tenencia responsable de animales de compañía.
 

 La reunión se dedicó monográficamente a abordar el borrador de la Ley, que en abril comenzó su trámite parlamentario. Con anterioridad, la OCV, los Consejos Autonómicos y los Colegios presentaron 73 alegaciones que no han sido recogidas, con un contenido que trata de buscar mayor nivel de rigor científico y menor indefinición en los aspectos más delicados. 

Los asistentes, de manera unánime, lamentaron el papel poco relevante que se ha dejado a los veterinarios en su redacción, a pesar de ser los profesionales cualificados por excelencia en ámbitos como la salud y el bienestar animal, medibles por parámetros objetivos. 

Invasión de competencias

Por otra parte, tras estudiar el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 18 de febrero, los ejecutivos de comunidades gobernadas por el  PSOE  -como Extremadura, Castilla La Mancha, Asturias, Baleares o Aragón- y  por el PP -Galicia o Murcia- están en contra de este texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales (Ione Belarra) y muestran su disconformidad y también malestar con el mismo. Se quejan, entre otras cuestiones, de que genera invasión de competencias, costes o cargas administrativas excesivas e inseguridad jurídica... Posturas que ha sido confirmadas en las alegaciones que se han presentado y que podrían afectar a la tramitación parlamentaria.

- Ver colvet.es / 27-3-2022
- Ver elmundo.es /22-4-2022