La mayor crisis por listeria pero una oportunidad para mejorar los controles

Prueba del periodo de reflexión abierto es también el anuncio del Ministerio de Sanidad, que ha propuesto a las comunidades una revisión del protocolo de la listeria. Mientras tanto, ya está trabajando en un nuevo decreto de vigilancia en salud pública para mejorar las notificaciones de enfermedades de declaración obligatoria como esta.

    La titular de este departamento, María Luisa Carcedo, avanzó tal cosa en una comparecencia el 6 de septiembre en el Congreso en la que puso en valor el “buen funcionamiento” del sistema de alertas con el que se traslada a las distintas Comunidades Autónomas los datos y novedades de cada crisis. Eso sí, acto seguido, denunció que “ha habido una cadena de errores y responsabilidades acumuladas” a lo largo de estas semanas provocada por la falta de cooperación de Magrudis, la empresa fabricante de la carne ‘La Mechá’.

    En esta misma línea, la propia Consejería de Salud de la Junta, liderada por el médico Jesús Aguirre, ha conformado un grupo asesor -en el que está el consejo de colegios de veterinarios de Andalucía- que revisará los protocolos “actualmente obsoletos” para afrontar posibles nuevas alertas.

El caso sevillano
Lo cierto es que ésta última valoración se ha producido tras más de medio mes de acusaciones más o menos graves y larvadas entre el Ayuntamiento de Sevilla -en manos del PSOE- y la Junta -en coalición entre  PP y C’s-. Tal circunstancia ha venido propiciada por el particular reparto competencial existente en materia de inspección oficial de industrias alimentarias como la afectada, que en este caso recae en el consistorio, siendo responsabilidad de la Consejería de Salud en el resto de la provincia de Sevilla. El enfrentamiento ha llegado al punto de que el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, defendió la conveniencia de recuperar las competencias ahora del municipio para la administración autonómica.
   El propio presidente del Colegio de Veterinarios de Sevilla, Juan Ignacio Oroquieta, se mostró también especialmente crítico con la opacidad de los servicios municipales en este terreno. “No tenemos acceso al número de inspecciones realizadas ni al de instalaciones susceptibles de inspección, así como a su nivel de riesgo”, se lamentó Oroquieta tras censurar también como “insufientes” el número de veterinarios contratados para esta labor (13) “en una población de 700.000 habitantes, cuando en el distrito Sanitario del Aljarafe, dependiente de la Consejeria, al parecer existe una plantilla de 28 para cubrir las mismas inspecciones de los establecimientos descritos y para una población de casi 400.000 habitantes.

Junta versus ayuntamiento
La Junta ha venido acusando al consistorio de facilitar la información de la empresa infractora “a cuentagotas”  o incluso incurrir en supuestas omisiones. Junto a ello le achaca un error en el etiquetado de las muestras que retrasó la toma de decisiones. El ayuntamiento, por su parte, habla de “deslealtad institucional”, descarga la responsabilidad en la falta de colaboración y “ocultaciones” de la empresa y aduce que las referidas muestras llegaron al laboratorio municipal (mal) etiquetadas por los inspectores de la Junta.

- Ver colvet.es / 30-8-2019
- Ver abc.es / 1-9-2019
- Ver europapress.es / 3-9-2019
- Ver abc.es /9-9-2019